El Equipo de Gobierno PSOE-Ciudadanos de Las Torres de Cotillas no se suma a una Moción del PP local que pide luchar contra la okupación ilegal de viviendas.

Los vecinos de Las Torres de Cotillas fueron testigos en la noche del pasado lunes de la falta de compromiso demostrada por los concejales del PSOE y Ciudadanos al no apoyar la moción que el PP local llevaba a Pleno para proponer la lucha efectiva contra la okupación ilegal de viviendas. Falla el Estado de Derecho cuando el dueño de una vivienda está indefenso ante la ocupación ilegal de su propiedad.

Es la dura realidad de un desamparo total de unos ciudadanos que incluso estén pagando aún la hipoteca de su predio invadido.

A lo que se une la angustia añadida de una espera de hasta años en recobrar la vivienda ocupada con el colmo de males de que en ese ínterin de apropiación forzosa, de usurpación, de robo flagrante el dueño tenga que continuar pagando los gastos corrientes de una casa que las más de las veces vuelve a sus manos patas arriba, con todo manga por hombro, o sea, destrozada a capricho traicionero de los usurpadores.  

 Asistimos ante estado de cosas a una incómoda atmósfera de impunidad de esos okupas que se sienten seguros de disponer de una vivienda gratis durante mucho tiempo antes de ser desalojados y con la tranquilidad de caer sobre ellos una sanción mínima traducida en leve multa y delito suave.  El Gobierno de la Nación debe arbitrar una solución contundente e inmediata al sufrimiento de desamparo de los dueños de inmuebles ocupados, se echan en falta respuestas efectivas del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de desalojar a los intrusos de una vivienda que la Constitución de 1978 contempla como una propiedad inviolable y sobre la que su titular goza de derecho pleno.  

 Toca al Gobierno de España mover ficha, aprobar sin más dilaciones una ley que combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, una lacra que, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.

Sólo entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, incremento que incluso en la Región de Murcia es 4 veces superior colocándola como la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de litigios, por detrás sólo de Galicia y atendiendo a datos del Ministerio del Interior.

De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.  Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Estos datos nos muestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.  Esto se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.  

 Es necesario, insistimos, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y así proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

Por eso es importante que el Gobierno de la Nación ponga todos los mecanismos que están a su alcance para acabar con este problema cuya magnitud le da condición y categoría de asunto de Estado.

!Mañana puede ser tu hogar!