A principios de abril el PP de Las Torres de Cotillas registró una Moción destinada a Pleno en la cual se proponía al Gobierno de España que autorizara a destinar el superávit de ayuntamientos como el nuestro a medidas de recuperación sanitaria, social y económica del municipio para paliar los efectos del Covid-19. 

Desde entonces el compromiso de los socialistas y "naranjas" torreños por esta adhesión a la propuesta del PP ha sido nulo al no prosperar el acuerdo para sacar adelante esa Moción popularque abogaba a instar al Gobierno de Pedro Sánchez a no usar los poderes excepcionales que el estado de alarma le da para vulnerar preceptos constitucionales y leyes en vigor, ya que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y por ello a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes dan a los entes locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.

Con todo, los populares de Las Torres de Cotillas hacen hincapié en el texto de propuesta que "si se plantea modificar alguna ley que afecte a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de los entes locales, sean validadas las modificaciones en el Congreso, ante los legítimos representantes de todos los españoles, ya que la declaración del Estado de alarma no altera el normal funcionamiento de los poderes del Estado". 

El Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado injustificadamente el pago a los ayuntamientos del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Un impago que, en el caso de los Consistorios, además de constituir un incumplimiento de una obligación legal que pone en riesgo que puedan seguir prestando a sus vecinos los servicios públicos que tienen encomendados (mantenimiento de infraestructuras urbanas, vivienda, seguridad, servicios sociales, etc.), ha conducido a que la liquidación del año 2017  de la Participación de los municipios en los Tributos del Estado sea negativa para el conjunto de la administración local lo que implica la obligación de reintegrar elevadas cantidades al Estado.

El gobierno de España está estudiando "confiscar" el superávit generado en 2019 por las entidades locales (5.000 millones de euros) así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias (28.000 millones de euros) como consecuencia de haber generado superávits desde el año 2012.

Hay que señalar que la generación de dichos superávits se debe en gran parte gracias a una gestión eficiente y rigurosa de los ayuntamientos de sus recursos, y han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.

Estos superávit se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.

Desde hace varios años, los ayuntamientos han venido reclamando al gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre dentro de su autonomía y respetando la autonomía local.

Los Consistorios constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.

Pero los ayuntamientos no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre de 2017 impagado) y que ha incrementado en 29.000 millones de euros la deuda pública española (600 euros más por español).

Por todo lo anteriormente expuesto, el PP de Las Torres de Cotillas pide al Gobierno de España flexibilizar las reglas para que nuestro ayuntamiento pueda utilizar su superávit para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Estado.